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La Ley 25/2007 de Conservación de datos, vigente desde noviembre de 2007, establece que los operadores de telecomunicaciones deben retener datos de usuarios para combatir delitos. La Agencia Española de Protección de Datos investiga su cumplimiento y la ley necesita actualizarse para incluir redes sociales. La conservación de datos es obligatoria por un año.